Martín Sánchez Treviño, Ciudad Victoria, Tamps., 27 de noviembre.- EL Órgano de Administración Judicial del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas STJT destituyó temporalmente del nuevo sistema penal acusatorio a la Jueza Mónica Pérez Chapa y la asigno al sistema penal tradicional, debido a que se excedió al aplicar una multa económica de 1 millón 300 mil pesos a una abogada litigante la corrigió, durante una audiencia presencial en una sala de juicios orales del poder judicial, donde la abogada postulante corrigió a la máxima autoridad de la sala.
En un comunicado difundido por el STJT en su plataforma digital el poder judicial informa que en cumplimiento de la normatividad en materia de protección de datos personales y presunción de inocencia se reservar la identidad y de la juzgadora.
La autoridad judicial señala que la remoción de la juzgadora es para garantizar que el nuevo sistema penal acusatorio se apegue a las facultades administrativas previstas en la ley y, que por ello el órgano disciplinario tome conocimiento para resolver si el desempeño de la juzgadora fue pertinente en la conducción de sus audiencias.
Y determinar si se condujo de acuerdo al procedimiento y mecanismo establecidos en las leyes aplicables. Asimismo, subraya que las acciones tomadas tienen un carácter institucional orientado a mejorar la impartición de justicia y conservar la capacidad jurisdiccional conforme al debido proceso.
El hecho tomó relevancia por la reacción de las barras y colegios de abogados de las 13 ciudades que hay en Tamaulipas, quienes en plataformas digitales cuestionaron la actuación de la juzgadora y la actitud permisiva de la autoridad judicial, que no adoptó medidas cuando se hizo viral la actuación de su ‘señoría’.
Los juristas consultados por esta corresponsalía señalan que después de haber analizado el video de referencia es complicado justificar el motivo para imponer el máximo legla permitido y no otra cantidad, ya que el juez tiene un margen amplio de una multa aplicable como los establece la ley desde 20 salarios mínimo a 5 mil salarios mínimos, como los estable el protocolo del nuevo sistema penal acusatorio.

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