El Instituto Nacional Electoral (INE) estudia la posible aprobación de nuevos lineamientos orientados a reforzar la vigilancia sobre los recursos que utilicen los partidos políticos durante sus procesos internos para definir candidaturas de cara a las elecciones de 2027, según informó la consejera nacional Frida Denisse Gómez Puga.

De acuerdo con la funcionaria, la propuesta busca establecer controles más rigurosos sobre el origen y el destino del dinero que empleen los aspirantes en esta etapa previa, la cual ya está en marcha en distintos institutos políticos que iniciaron sus trabajos internos de organización.

Entre los puntos centrales del proyecto se contempla que los gastos generados durante estos procesos internos se contabilicen como gasto ordinario de los partidos, en lugar de clasificarse como gastos de precampaña o campaña. También se plantea imponer límites a las aportaciones en efectivo, en especie y a través de contratos de comodato.

Gómez Puga subrayó que la fiscalización se ha convertido en un tema cada vez más sensible, pues permite identificar con claridad el origen de los recursos que llegan a candidatos y partidos.

La propuesta contempla además topes al financiamiento privado que reciban los aspirantes, así como a las aportaciones de militantes y simpatizantes, con el fin de dar mayor trazabilidad al uso del dinero. Asimismo, se busca que todo gasto —incluida la publicidad en plataformas digitales— quede etiquetado según el aspirante beneficiado, aunque sin salir de la contabilidad ordinaria de cada partido.

La consejera destacó que, en los procesos electorales recientes, el INE ha intensificado la supervisión de ingresos y egresos reportados por partidos y candidatos, en un contexto de mayor interés ciudadano por el manejo del financiamiento político. En sus palabras, tanto la ciudadanía como la autoridad electoral han incrementado su nivel de vigilancia sobre este tema.

De ser avalados por el Consejo General del INE, los nuevos lineamientos entrarían en vigor antes de que arranque formalmente el proceso electoral de 2027, con el propósito de dar mayor transparencia al manejo de recursos durante la definición de candidaturas.